Si una empresa privada o una entidad del Estado vulneró tus derechos, te causó un daño injustificado o tomó una decisión ilegal en tu contra, puedes demandar para obtener reparación integral. Te acompañamos en la reclamación frente a compañías y autoridades públicas.
Consulta Gratuita por WhatsAppLas demandas contra empresas y entidades estatales son mecanismos jurídicos para hacer valer tus derechos cuando una compañía privada o una autoridad pública te causa un perjuicio por acción u omisión. Pueden surgir por decisiones administrativas injustas, incumplimientos de contrato, accidentes, negligencia, abusos de poder o vulneración de derechos fundamentales.
En estos casos, el objetivo es lograr que se reconozca la ilegalidad del comportamiento o decisión, se repare el daño causado y, cuando corresponda, se deje sin efecto la actuación que te perjudicó.
En Bogotá y en el resto del país, este tipo de acciones procede cuando se cumplen ciertos presupuestos mínimos: existencia de un daño, responsabilidad atribuible a la empresa o entidad, y nexo entre el comportamiento y el perjuicio sufrido.
Por ejemplo:
Casos frecuentes:
Cuando una entidad pública o empresa que presta un servicio público te causa un daño que no estás obligado legalmente a soportar (accidentes por falta de mantenimiento, fallas en servicios esenciales, etc.), puede haber lugar a reparación.
Laura recibió una sanción injustificada por parte de una entidad estatal en Bogotá que la inhabilitaba para contratar con el Estado durante varios años:
Resultado: Mediante una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se anuló el acto sancionatorio, se levantó la inhabilidad y se reconoció la reparación de los perjuicios ocasionados.
Dependiendo del caso, puedes solicitar diferentes tipos de pretensiones:
Que se declare la nulidad de actos administrativos ilegales o de cláusulas contractuales abusivas o contrarias a la ley.
Que se te restituya a la situación en la que deberías estar de no haberse emitido el acto o decisión ilegal (por ejemplo, levantar una sanción, devolver cargos, reintegro a un listado, etc.).
Reclamación de daños materiales (daño emergente y lucro cesante) y, cuando corresponda, perjuicios morales o daño a la reputación.
Exigir que la empresa o entidad cumpla con lo pactado en un contrato o responda por el incumplimiento.
En algunos casos, se pueden solicitar medidas cautelares para suspender efectos de actos dañinos mientras se resuelve el proceso.
Ejemplo: empresario que, por una decisión administrativa injusta, no pudo contratar con el Estado durante 18 meses:
El monto final se construye con base en documentos contables, contratos, estados financieros y otros soportes que acrediten la magnitud del daño.
Cada caso requiere un estudio probatorio y económico individual para definir la cuantía a reclamar.
El éxito de la demanda depende en gran medida de la solidez de las pruebas:
Resoluciones, oficios, contratos, pliegos, actas, pólizas y demás documentos emitidos por la empresa o entidad.
Facturas, estados financieros, certificaciones, informes contables, reportes comerciales y cualquier soporte económico de los perjuicios.
Elementos que muestren claramente cómo el comportamiento u omisión de la empresa o entidad generó el daño reclamado.
En muchos procesos se requiere apoyo de peritos contables, financieros, técnicos o médicos según la naturaleza del caso.
Correos, oficios, minutas, actas de reunión y declaraciones de personas que conocieron los hechos relevantes.
Nuestro equipo sigue una ruta ordenada para maximizar las probabilidades de éxito:
Analizamos la situación, los documentos disponibles y los plazos para determinar si es viable demandar y cuál acción corresponde.
Estudiamos el marco normativo aplicable, términos de referencia, cláusulas contractuales y resoluciones que dieron origen al conflicto.
Definimos si procede una demanda ante la jurisdicción ordinaria o contencioso-administrativa, una acción de nulidad y restablecimiento, reparación directa, cumplimiento contractual u otra vía.
Te acompañamos en la obtención de soportes documentales, peritajes y testimonios clave.
Radicamos la demanda incluyendo, cuando es necesario, solicitudes cautelares para evitar que el daño siga aumentando.
Participamos en todas las etapas procesales defendiendo tu posición y cuestionando las decisiones o actuaciones de la contraparte.
Una vez se obtiene decisión favorable, avanzamos en el cumplimiento de la misma, incluyendo procesos ejecutivos si la empresa o entidad no paga voluntariamente.
Los tiempos pueden variar según la complejidad y la congestión del despacho, pero de forma general:
En algunos casos se pueden combinar acciones más rápidas (como tutelas) para proteger derechos fundamentales mientras se define el fondo del asunto.
Contar con asesoría especializada marca una diferencia importante frente a grandes empresas y entidades estatales:
Importante: La mayoría de acciones judiciales tienen plazos de caducidad o prescripción. Si los dejas pasar, puedes perder la posibilidad de reclamar para siempre.
Si una empresa o una entidad estatal ha tomado una decisión injusta o te ha causado un perjuicio que no estás obligado a soportar, lo recomendable es consultar cuanto antes con un abogado especializado.
Una asesoría oportuna te permite decidir si vale la pena demandar, cuánto podrías recuperar y qué camino jurídico es el más adecuado para tu caso.
En muchos casos sí es necesario interponer recursos administrativos o solicitudes previas antes de acudir al juez, especialmente cuando se trata de actos administrativos. Sin embargo, hay situaciones en las que puedes acudir directamente a la jurisdicción competente. Lo ideal es revisar tu caso concreto para no perder términos ni agotar trámites innecesarios.
Es posible cuando ambas han participado en la generación del daño o comparten responsabilidades (por ejemplo, concesiones, alianzas público-privadas, contratos de servicios públicos, etc.). La estrategia debe definirse para no duplicar pretensiones ni afectar la coherencia del caso.
Depende del tipo de acción. En reparación directa, por ejemplo, el plazo suele ser de 2 años contados desde la ocurrencia del daño o su consolidación. En nulidad y restablecimiento del derecho, los términos son diferentes. Por eso es clave revisar tu caso cuanto antes para no dejar vencer los plazos de caducidad.
En algunos procesos puede haber condena en costas si el juez lo determina. Por eso es importante analizar la viabilidad del caso antes de demandar y estructurar adecuadamente las pretensiones y las pruebas para disminuir riesgos procesales y económicos.
Sí. A lo largo del proceso pueden adelantarse conciliaciones judiciales o extrajudiciales que permitan llegar a acuerdos de pago, corrección de actos o reparación parcial o total del daño sin esperar a una sentencia final. Un buen abogado también explora estas alternativas cuando son convenientes para el cliente.
El costo depende de la complejidad del caso, la cuantía de los perjuicios y la duración estimada del proceso. En Consilium Group SAS iniciamos con una consulta gratuita y, a partir de allí, definimos honorarios claros y transparentes, buscando modelos que permitan al cliente acceder a la defensa de sus derechos sin barreras excesivas.
No normalices decisiones injustas ni daños que no estás obligado a soportar. Te ayudamos a evaluar si existe un caso sólido para demandar y qué tipo de reparación puedes exigir frente a empresas privadas o entidades públicas.